Septiembre, el mes en que cambió el modelo sanitario


La exclusión de los inmigrantes irregulares de la Sanidad y de 417 fármacos de la financiación pública son las dos medidas principales que han entrado en vigor este mes

A estas alturas, a nadie le suena extraño el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. El 1 de julio entró en vigor la primera tanda de medidas, como las que introducían el copago farmacéutico en función de la renta de cada usuario del SNS. Septiembre llega con la aplicación de nuevas normas, entre otras, la exclusión de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y la aprobación de una lista de 417 medicamentos que quedan fuera del sistema de financiación pública.
El consejero de Sanidad, Abdelhakim Abdeselam, destaca que Ceuta es una ciudad complicada a la hora de aplicar este decreto, debido a sus “características especiales” y a su condición de “ciudad fronteriza”. “Para que este sistema sea viable y sea futuro y se conserve la gratuidad, la universalidad y que siga siendo público, tenemos que hacer una serie de reformas, para que continúe siendo un pilar fundamental del Estado del Bienestar, y si los nacionales hacen ese esfuerzo, también lo deben hacer los demás colectivos”, apunta Abdeselam.
El consejero destaca que el objetivo de estas medidas es “conseguir un Sistema Nacional de Salud “coordinado, solidario y equiparable entre las autonomías”.
“En Ceuta se intenta regular con un sistema de cribaje, una vez que el Ingesa ponga en funcionamiento esta nueva normativa”, apuntó el consejero, quien hace referencia a la presión migratoria de la frontera. “Nos vemos sometidos a más presión asistencial, por lo que hay que evitar que los servicios de urgencia se masifiquen”, solicitó Abdeselam, quien recordó el “uso insensato” que a veces se hace de este servicio.

Sin incidencias en el Ingesa
Durante la primera semana de septiembre, el Ingesa informó de que no se había producido ninguna incidencia y de que todo el trabajo se había realizado con “normalidad”. A nivel nacional se anularon un total de 910.000 tarjetas sanitarias a pacientes que no pagan impuestos y, por lo tanto, no contribuyen a las arcas de la Sanidad pública. Esta situación incidió especialmente sobre los más de 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia. En Ceuta, según informaron las fuentes oficiales del Ingesa, en base a la información aportada por el servicio de Informática del Área, no consta ninguna anulación de tarjeta sanitaria.
La “normalidad” también la confirmó el director médico de Atención Primaria, Juan Carlos Mata, quien aseguraba que en ninguno de los tres centros de Salud de Ceuta había habido incidencia alguna. Es en los centros de Atención Primaria y en los servicios de Especializada donde se pueden notar los cambios, puesto que las urgencias continúan siendo una prestación gratuita y universal, independientemente del nivel de renta.
En el caso de los inmigrantes, tienen derecho a las urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y la atención infantil hasta los 18 años. Sanidad se ha comprometido, además, a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración.
Mientras, por todo el país se han levantado protestas -este fin de semana ha sido la última, una marcha contra los recortes en Madrid- y desde diversas plataformas los profesionales de la salud -más de 2.000- se han posicionado como objetores de conciencia a no atender a los inmigrantes. En Ceuta, el Colegio de Médicos mostró su preocupación ante esta situación. Esta medida, según apuntó la presidenta del Colegio de Médicos en Ceuta, Manuela Gómez, repercutirá en los servicios de Urgencias.

Colapso de las Urgencias
“Hay que sostener el sistema, pero no de este modo; así, Urgencias será la puerta de acceso a la Sanidad”, sostiene Gómez. “¿Dónde pones el límite? Una urgencia es la sensación subjetiva que tiene un paciente cuando solicita atención médica inmediata, sea verdad o sea mentira; por eso se diferencia de la emergencia, que es el riesgo vital“, cuestiona. “Vamos a volver a la época en la que se crearon los 061 por la presión catastrófica que había en las Urgencias”, apostilla.
Además del posible colapso de las urgencias, desde el Colegio destacan la necesidad de controlar las posibles enfermedades “endémicas” con que estos colectivos de inmigrantes puedan entrar en el país. “Repercutirá en el estado de salud de la población, no sólo sobrecargará las urgencias, sino que se termina con la atención preventiva y pondrá en riesgo al personal sanitario”. En esta línea, Gómez destaca que es el médico, “y no quien pone la ley”, quien tiene que explicar esta situación al paciente. “La ventanilla va a ser el médico y se le está poniendo en una situación muy difícil y peligrosa”.

La Sanidad del CETI
En el caso de Ceuta, una parte importante de la población irregular está localizada en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), donde tienen un servicio específico de Sanidad, cuyas prestaciones han continuado dándose pese al Real Decreto. El servicio de Sanidad del centro ofrece Atención Primaria y ha seguido funcionando del mismo modo, financiado como hasta el momento por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por su parte, la Atención Especializada y cualquier intervención quirúrgica continúa, tal como explica el director del CETI, Carlos Bengoechea, atendiéndola el Ingesa, por medio de un “pacto no escrito” entre el CETI y la institución sanitaria. “Son casos muy contados, dos o tres intervenciones al año como pueden ser apendicitis”, apunta el director del centro. “En cuanto a la Atención Especializada solemos derivar unos treinta casos al año, de los cuales el 90% son a Odontología por dolores de muela y a Oftalmología para graduaciones de gafas”, agrega.
En base a esta reforma sanitaria, se encuentran en una situación especial tres colectivos: las mujeres embarazadas, los menores de 18 años y los solicitantes de asilo admitidos a trámite. Todos ellos tienen una asistencia “preferente”, es decir, tienen cubierta la Sanidad en todos sus servicios, según explica Bengoechea, “en las mismas condiciones que los españoles” con la diferencia de que no se les tramita una tarjeta sanitaria sino que deben argumentar encontrarse en una de estas tres situaciones. “Antes se les expedía el documento y ahora tendrán las necesidades materiales reconocidas, pero sin tarjeta”, matiza.
En cuanto al resto de inmigrantes, seguirán siendo atendidos por el médico de familia del CETI y trasladados al Hospital en caso de necesidad. Además, todos ellos disponen de cobertura médica en caso de urgencias por enfermedad o accidente. Esta atención no sólo se da hasta el alta hospitalaria, sino hasta el alta médica, según recalca Bengoechea.
El director del CETI explica que este acuerdo está hasta ahora “funcionando muy bien”, pues “el 98%” de las asistencias médicas que demandan los inmigrantes se cubren en el propio centro. Bengoechea destaca además que es el centro quien aporta traductor y trabajador social cuando el paciente se desplaza al hospital.
Por otro lado, en colaboración con la Ciudad se ofrece también un servicio de medicina preventiva de salud pública y vigilancia epidemiológica, que continuará dándose. “Tenemos un acuerdo con la Ciudad Autónoma para encargarnos nosotros de este servicio, a cambio de que la Ciudad mantenga a una enfermera”, explica Bengoechea. “Estas son las dos vertientes, a tres bandas, que se dan en el CETI”, concluye.

Medicamentos excluidos de la financiación pública
La otra medida importante introducida este mes en cuanto al sistema sanitario es la lista de medicamentos que quedan excluidos desde el 1 de septiembre del sistema de financiación pública del SNS. A este respecto, el consejero de Sanidad argumentó que “quienes tengan patologías banales tendrán que hacer frente a sus cargos”. Se trata de la revisión anunciada por la ministra, Ana Mato, el pasado 27 de junio. Es, según explican desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una medida con la que se pretende un ahorro de “450 millones de euros anuales”. Mucolíticos, antitusivos, lágrimas artificiales, medicamentos para las hemorroides o para el estreñimiento o geles antiinflamatorios son algunos de los fármacos que se incluyen en esta lista.
“El objetivo principal es mantener la capacidad financiera del Sistema Nacional de Salud para potenciar la entrada en el sistema de nuevos medicamentos que sean necesarios para tratar las enfermedades más graves e invalidantes”, informa el Ministerio. “Se deja de financiar medicamentos no esenciales y así se asegura el acceso a todos los fármacos necesarios para las enfermedades que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, sin importar su coste”, garantizó la ministra.
Una opinión que no comparte el colectivo farmacéutico. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta, Antonio J. Ruiz, apunta que esta medida “vuelve a incidir sobre el gasto en medicamentos que, en definitiva, no es ni el 12% del gasto total en sanidad”. “Para actuar sobre la crisis en el sector sanitario se debería actuar sobre la estructura sanitaria”, propone.
En este sentido, Ruiz considera que la incidencia sobre ese sector responde a que es “el más controlado” y el que se conoce su gasto euro a euro, “al céntimo”. “Probablemente no se sepa qué gasto tienen los medicamentos en hospitales o el gasto de la estructura sanitaria”. “El control sobre una cosa muy controlada es fácil, lo difícil es controlar lo descontrolado”, apostilla el farmacéutico, quien señala que el gasto llegó a representar hasta un 16%.
“El paciente está soportando los cambios con resignación”, reconoce Ruiz, quien agrega que desde la implantación del copago ha habido una bajada del 20 o 25% en la compra de medicamentos en todas las comunidades autónomas.
La lista incide, según explica el farmacéutico, en lo que el Ministerio considera “síntomas menores”. En relación al nuevo marco legal que regula la condición de asegurado y de beneficiario, la ministra ha recalcado que “por primera vez todos los españoles y extranjeros con residencia legal en España tienen garantizado el derecho a la sanidad a través de la tarjeta sanitaria o en aquellos
fármacos de los que “ya existe algún medicamento en el entorno europeo, mientras en España se seguía mantenimiento el sistema nacional”. En concreto son 417 los medicamentos que han dejado de estar financiados con carácter general. No obstante, 97 de estos fármacos mantendrán la financiación pública para determinadas indicaciones, en general para tratar enfermedades graves o crónicas.
Con la aplicación Real Decreto-ley 16/2012, el Ministerio de Sanidad pretende un ahorro de 7.000 millones de euros en gasto sanitario. Los diferentes apartados que lo componen se han ido aplicando progresivamente. Los ciudadanos aún no tienen claro si los recortes y las reformas terminan aquí o si el Gobierno seguirá cerrando el círculo en los próximos meses.

Información publicada en la revista Ceuta Siglo XXI, editada por El Pueblo de Ceuta



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