La
exclusión de los inmigrantes irregulares de la Sanidad y de 417
fármacos de la financiación pública son las dos medidas
principales que han entrado en vigor este mes
A
estas alturas, a nadie le suena extraño el Real Decreto-ley 16/2012,
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones. El 1 de julio entró en vigor la primera tanda de
medidas, como las que introducían el copago farmacéutico en función
de la renta de cada usuario del SNS. Septiembre llega con la
aplicación de nuevas normas, entre otras, la exclusión de la
atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y la aprobación de
una lista de 417 medicamentos que quedan fuera del sistema de
financiación pública.
El
consejero de Sanidad, Abdelhakim Abdeselam, destaca que Ceuta es una
ciudad complicada a la hora de aplicar este decreto, debido a sus
“características especiales” y a su condición de “ciudad
fronteriza”. “Para que este sistema sea viable y sea futuro y se
conserve la gratuidad, la universalidad y que siga siendo público,
tenemos que hacer una serie de reformas, para que continúe siendo un
pilar fundamental del Estado del Bienestar, y si los nacionales hacen
ese esfuerzo, también lo deben hacer los demás colectivos”,
apunta Abdeselam.
El
consejero destaca que el objetivo de estas medidas es “conseguir un
Sistema Nacional de Salud “coordinado, solidario y equiparable
entre las autonomías”.
“En
Ceuta se intenta regular con un sistema de cribaje, una vez que el
Ingesa ponga en funcionamiento esta nueva normativa”, apuntó el
consejero, quien hace referencia a la presión migratoria de la
frontera. “Nos vemos sometidos a más presión asistencial, por lo
que hay que evitar que los servicios de urgencia se masifiquen”,
solicitó Abdeselam, quien recordó el “uso insensato” que a
veces se hace de este servicio.
Sin
incidencias en el Ingesa
Durante
la primera semana de septiembre, el Ingesa informó de que no se
había producido ninguna incidencia y de que todo el trabajo se había
realizado con “normalidad”.
A
nivel nacional se anularon un total de 910.000 tarjetas sanitarias a
pacientes que no pagan impuestos y, por lo tanto, no contribuyen a
las arcas de la Sanidad pública. Esta situación incidió
especialmente sobre los más de 150.000 inmigrantes sin permiso de
residencia. En Ceuta, según informaron las fuentes oficiales del
Ingesa, en base a la información aportada por el servicio de
Informática del Área, no consta ninguna anulación de tarjeta
sanitaria.
La
“normalidad” también la confirmó el director médico de
Atención Primaria, Juan Carlos Mata, quien aseguraba que en ninguno
de los tres centros de Salud de Ceuta había habido incidencia
alguna. Es en los centros de Atención Primaria y en los servicios de
Especializada donde se pueden notar los cambios, puesto que las
urgencias continúan siendo una prestación gratuita y universal,
independientemente del nivel de renta.
En
el caso de los inmigrantes, tienen derecho a las urgencias por
enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y la
atención infantil hasta los 18 años. Sanidad se ha comprometido,
además, a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o
graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay
convenio de colaboración.
Mientras,
por todo el país se han levantado protestas -este fin de semana ha
sido la última, una marcha contra los recortes en Madrid- y desde
diversas plataformas los profesionales de la salud -más de 2.000- se
han posicionado como objetores de conciencia a no atender a los
inmigrantes. En Ceuta, el Colegio de Médicos mostró su preocupación
ante esta situación. Esta medida, según apuntó la presidenta del
Colegio de Médicos en Ceuta, Manuela Gómez, repercutirá en los
servicios de Urgencias.
Colapso
de las Urgencias
“Hay
que sostener el sistema, pero no de este modo; así, Urgencias será
la puerta de acceso a la Sanidad”, sostiene Gómez. “¿Dónde
pones el límite? Una urgencia es la sensación subjetiva que tiene
un paciente cuando solicita atención médica inmediata, sea verdad o
sea mentira; por eso se diferencia de la emergencia, que es el riesgo
vital“, cuestiona. “Vamos a volver a la época en la que se
crearon los 061 por la presión catastrófica que había en las
Urgencias”, apostilla.
Además
del posible colapso de las urgencias, desde el Colegio destacan la
necesidad de controlar las posibles enfermedades “endémicas” con
que estos colectivos de inmigrantes puedan entrar en el país.
“Repercutirá en el estado de salud de la población, no sólo
sobrecargará las urgencias, sino que se termina con la atención
preventiva y pondrá en riesgo al personal sanitario”. En esta
línea, Gómez destaca que es el médico, “y no quien pone la ley”,
quien tiene que explicar esta situación al paciente. “La
ventanilla va a ser el médico y se le está poniendo en una
situación muy difícil y peligrosa”.
La
Sanidad del CETI
En
el caso de Ceuta, una parte importante de la población irregular
está localizada en el CETI (Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes), donde tienen un servicio específico de Sanidad, cuyas
prestaciones han continuado dándose pese al Real Decreto. El
servicio de Sanidad del centro ofrece Atención Primaria y ha
seguido funcionando del mismo modo, financiado como hasta el momento
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por su parte, la
Atención Especializada y cualquier intervención quirúrgica
continúa, tal como explica el director del CETI, Carlos Bengoechea,
atendiéndola el Ingesa, por medio de un “pacto no escrito” entre
el CETI y la institución sanitaria. “Son casos muy contados, dos o
tres intervenciones al año como pueden ser apendicitis”, apunta el
director del centro. “En cuanto a la Atención Especializada
solemos derivar unos treinta casos al año, de los cuales el 90% son
a Odontología por dolores de muela y a Oftalmología para
graduaciones de gafas”, agrega.
En
base a esta reforma sanitaria, se encuentran en una situación
especial tres colectivos: las mujeres embarazadas, los menores de 18
años y los solicitantes de asilo admitidos a trámite. Todos ellos
tienen una asistencia “preferente”, es decir, tienen cubierta la
Sanidad en todos sus servicios, según explica Bengoechea, “en las
mismas condiciones que los españoles” con la diferencia de que no
se les tramita una tarjeta sanitaria sino que deben argumentar
encontrarse en una de estas tres situaciones. “Antes se les expedía
el documento y ahora tendrán las necesidades materiales reconocidas,
pero sin tarjeta”, matiza.
En
cuanto al resto de inmigrantes, seguirán siendo atendidos por el
médico de familia del CETI y trasladados al Hospital en caso de
necesidad. Además, todos ellos disponen de cobertura médica en caso
de urgencias por enfermedad o accidente. Esta atención no sólo se
da hasta el alta hospitalaria, sino hasta el alta médica, según
recalca Bengoechea.
El
director del CETI explica que este acuerdo está hasta ahora
“funcionando muy bien”, pues “el 98%” de las asistencias
médicas que demandan los inmigrantes se cubren en el propio centro.
Bengoechea destaca además que es el centro quien aporta traductor y
trabajador social cuando el paciente se desplaza al hospital.
Por
otro lado, en colaboración con la Ciudad se ofrece también un
servicio de medicina preventiva de salud pública y vigilancia
epidemiológica, que continuará dándose. “Tenemos un acuerdo con
la Ciudad Autónoma para encargarnos nosotros de este servicio, a
cambio de que la Ciudad mantenga a una enfermera”,
explica Bengoechea. “Estas son las dos vertientes, a tres bandas,
que se dan en el CETI”, concluye.
Medicamentos
excluidos de la financiación pública
La
otra medida importante introducida este mes en cuanto al sistema
sanitario es la lista de medicamentos que quedan excluidos desde el 1
de septiembre del sistema de financiación pública del SNS. A este
respecto, el consejero de Sanidad argumentó que “quienes tengan
patologías banales tendrán que hacer frente a sus cargos”. Se
trata de la revisión anunciada por la ministra, Ana Mato, el pasado
27 de junio. Es, según explican desde el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, una medida con la que se pretende un
ahorro de “450 millones de euros anuales”. Mucolíticos,
antitusivos, lágrimas artificiales, medicamentos para las
hemorroides o para el estreñimiento o geles antiinflamatorios son
algunos de los fármacos que se incluyen en esta lista.
“El
objetivo principal es mantener la capacidad financiera del Sistema
Nacional de Salud para potenciar la entrada en el sistema de nuevos
medicamentos que sean necesarios para tratar las enfermedades más
graves e invalidantes”, informa el Ministerio. “Se deja de
financiar medicamentos no esenciales y así se asegura el acceso a
todos los fármacos necesarios para las enfermedades que ponen en
peligro la vida de los ciudadanos, sin importar su coste”,
garantizó la ministra.
Una
opinión que no comparte el colectivo farmacéutico. El presidente
del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta, Antonio J. Ruiz, apunta que
esta medida “vuelve a incidir sobre el gasto en medicamentos
que, en definitiva, no es ni el 12% del gasto total en sanidad”.
“Para actuar sobre la crisis en el sector sanitario se debería
actuar sobre la estructura sanitaria”, propone.
En
este sentido, Ruiz considera que la incidencia sobre ese sector
responde a que es “el más controlado” y el que se conoce su
gasto euro a euro, “al céntimo”. “Probablemente no se sepa qué
gasto tienen los medicamentos en hospitales o el gasto de la
estructura sanitaria”. “El control sobre una cosa muy controlada
es fácil, lo difícil es controlar lo descontrolado”, apostilla el
farmacéutico, quien señala que el gasto llegó a representar hasta
un 16%.
“El
paciente está soportando los cambios con resignación”, reconoce
Ruiz, quien agrega que desde la implantación del copago ha habido
una bajada del 20 o 25% en la compra de medicamentos en todas las
comunidades autónomas.
La
lista incide, según explica el farmacéutico, en lo que el
Ministerio considera “síntomas menores”. En
relación al nuevo marco legal que regula la condición de asegurado
y de beneficiario, la ministra ha recalcado que “por primera vez
todos los españoles y extranjeros con residencia legal en España
tienen garantizado el derecho a la sanidad a través de la tarjeta
sanitaria o
en aquellos
fármacos de los que
“ya existe algún medicamento en el entorno europeo, mientras en
España se seguía mantenimiento el sistema nacional”. En concreto
son 417 los medicamentos que han dejado de estar financiados con
carácter general. No obstante, 97 de estos fármacos mantendrán la
financiación pública para determinadas indicaciones, en general
para tratar enfermedades graves o crónicas.
Con
la aplicación Real Decreto-ley 16/2012, el Ministerio de Sanidad
pretende un ahorro de 7.000 millones de euros en gasto sanitario. Los
diferentes apartados que lo componen se han ido aplicando
progresivamente. Los ciudadanos aún no tienen claro si los recortes
y las reformas terminan aquí o si el Gobierno seguirá cerrando el
círculo en los próximos meses.
Información publicada en la revista Ceuta Siglo XXI, editada por El Pueblo de Ceuta